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Saludamos el proceso de diálogo y debate entre medios de comunicación, periodistas, sociedad civil y autoridades sobre la propuesta de reforma a la Ley de Comunicación, presentada por el Ejecutivo a la Asamblea, con miras a garantizar la libertad de expresión y la transparencia en la contratación de publicidad, conforme a los estándares y acuerdos internacionales que Ecuador ha suscrito.

Como Corporación Participación Ciudadana consideramos que aún hay temas pendientes a ser incluidos en la reforma a la Ley:

Transparencia y Acceso a la Información. La Ley debe garantizar el acceso a los tarifarios que los medios de comunicación aplican a la publicidad contratada por los entes públicos y privados en sus sitios web. Los contratos de publicidad de instituciones públicas, los montos y más detalles también deben ser públicos porque es de interés colectivo y se destinan recursos públicos.

Consejo de Regulación. La propuesta del Ejecutivo mantiene el criterio de que el delegado del Presidente presida el organismo. Proponemos que el directorio elija al Presidente para evitar la injerencia del Gobierno en la nominación y control.

Espacios Gratuitos. Es necesario regular la utilización de espacios estatales, sobre todo el uso político o electoral de dichos espacios.

Medios públicos e incautados. Incluir normas sobre la venta de los medios incautados, y las restricciones para el uso de los mismos mientras estén administrados por el Estado.

Regulaciones sobre publicidad oficial. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH establece una serie de parámetros y principios que deben guiar la normativa y políticas al asignar/contratar publicidad estatal. Estas tienen como concepto que la contratación de publicidad no puede ser elemento para premiar o castigar líneas editoriales. Recomendamos incluir estas propuestas en la reforma.

Publicidad sin autoría. Sugerimos incluir una norma que obligue a señalar la autoría de quien contrata publicidad, elemento esencial para garantizar un adecuado control tanto estatal, cuanto social y ciudadano.

Prohibición a la promoción personal de la autoridad en difusión de obras. La Ley debe reforzar el impedimento constante en el Código de la Democracia (Art. 219) que prohíbe que las autoridades promocionen sus nombres en la publicidad de las instituciones públicas.

Leer nuestra propuesta entregada a la Asamblea Nacional

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