El derecho de acceso a la información, es un derecho humano fundamental, y es obligación del estado garantizar a sus ciudadanos, el conocimiento de los datos sobre la gestión pública y especialmente los recursos que son de todos. El impedir el acceso a la información, limita el control ciudadano y el derecho de acceso a la información pública.
Consideramos que la decisión de la Contraloría General del Estado (CGE) de exigir datos personales, como el número de cédula o correo electrónico, para que los ciudadanos accedan a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, vulnera el principio de libre acceso a la información y el derecho al control social.
El pedir identificación previa, es inconstitucional y abre la puerta para la individualización de los ciudadanos peticionarios, tanto del órgano de control como del funcionario observado, esta exposición de la privacidad de los datos, genera riesgos y desincentiva el ejercicio de la vigilancia ciudadana.
Los documentos públicos deben exhibirse de forma íntegra, por lo que es necesario que las declaraciones patrimoniales incluyan datos completos. Se debe transparentar: el año de presentación, las fechas de inicio y fin de gestión en los cargos públicos, información que actualmente se omite.
Por lo expuesto, PC pide a la Contraloría General del Estado, la eliminación inmediata de estas limitaciones a los derechos, y demanda que se adopten las medidas necesarias para restablecer, sin limitaciones, el acceso pleno e irrestricto a las declaraciones patrimoniales y a todo documento público en general.