En democracia, el estado, a través de todas sus instancias, poderes e instituciones, tiene la obligación jurídica de precautelar el pleno ejercicio de la libertad de prensa y libertad de asociación. No solamente en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, sino también en sujeción a las normas y convenios internacionales que protegen estos derechos.
Recalcamos que, el ejercicio pleno de la libertad de expresión, y la existencia de una prensa libre e independiente son la mejor garantía para que el Estado de Derecho funcione plenamente con contrapesos.
Por lo expuesto, la Corporación Participación Ciudadana expresa su preocupación, por la decisión de la Superintendencia de Compañías, de intervenir la Compañía GRANASA, editora de Diarios Expreso y Extra. Expresamos nuestra solidaridad, y abogamos porque dicha decisión sea revisada y revertida.
Confiamos en que los entes pertinentes, garanticen a los afectados el pleno ejercicio de su derecho a la defensa, a fin de que sean los principios de justicia, estado de derecho, libertad de prensa y de expresión, los que primen en este caso.