Ante los hechos que son de dominio público, respecto del polémico nombramiento de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, la Corporación Participación Ciudadana, reitera la necesidad de retomar el debate sobre la eliminación de ese organismo, o en su defecto, restringir sus funciones de organizar los concursos públicos de oposición y méritos para la selección de determinadas autoridades de control.
Desde su génesis, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), no ha estado exento de polémica, ha sido el seno de conflictos internos, y la demora en el cumplimiento de sus obligaciones ha sido su principal característica. Los retrasos en los procesos de selección de autoridades, ha significado un freno para que el país logre fortalecer la institucionalidad democrática.
Creemos que el CPCCS es un organismo que por sus delicadas funciones, viene siendo permanentemente objeto de cooptación por parte de intereses políticos que buscan intervenir en la designación de los órganos de control, situación que contradice el espíritu de su creación, que fue el de quitar de manos políticas la designación de las autoridades más importantes del país.
PC, ha venido históricamente cuestionando tanto la existencia misma del organismo mencionado, así como los mecanismos que utiliza para la selección de autoridades, pues se ha demostrado su fragilidad y vulnerabilidad frente a los intereses políticos; gobiernos de turno, y/o otras instancias de presión. Reiteradamente, PC ha advertido que los concursos desarrollados por el CPCCS no acreditan imparcialidad, pues en la mayoría de los casos, quienes han resultado electos han sido personas vinculadas al gobierno de turno, viciando el espíritu de imparcialidad que debería primar en estas designaciones.
Respecto a su rol de defensa y protección del ejercicio de derechos de participación y control, su actuación ha sido igualmente deficiente, pues no han habido acciones que evidencien el cumplimiento a cabalidad de estas obligaciones. Por lo tanto, consideramos que el diseño institucional (tanto del CPCCS cuanto de las comisiones ciudadanas y estructura misma de los concursos), no funciona ni cumple con sus objetivos.
Consecuentemente, PC insiste en la necesidad urgente de encontrar mecanismos que permitan: ya sea la eliminación del CPCCS, o al menos el retiro de la atribución de elegir autoridades.
Si la sociedad, y la clase política no toma acciones, con la urgencia y celeridad que la situación amerita, se corre el riesgo de continuar eligiendo autoridades de control sobre la base de procesos cuestionados, lentos, ineficientes y sin credibilidad y consecuentemente, debilitando aún más la democracia ecuatoriana.