El pleno de la Asamblea Nacional discutirá hoy, 23 de abril de 2019, en primer debate, el informe sobre el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
PC aportó a la construcción de dicha normativa, tanto en la incorporación de los principios constitucionales básicos sobre los derechos de participación (Constituyente de Montecristi), cuanto en la elaboración misma de la Ley Orgánica, aprobada en el año 2010.
Los aportes que PC remitió a la comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social son:
Silla Vacía: Derecho al voto: se debe fortalecer el ejercicio del derecho ciudadano a acceder a la silla vacía en los gobiernos locales y que los entes seccionales cuenten con normativa adecuada que garantice el derecho.
No ha sido positivo el mantener el Derecho al Voto ya que, quien accede a la silla vacía, lo hace en representación de una asamblea ciudadana, de un colectivo o grupos de organizaciones, pero no de la ciudadanía en su conjunto, por lo que dicho ciudadano carece de la representatividad necesaria para tomar decisiones en nombre de la comunidad.
Adicionalmente, el derecho al voto hace que su participación en las sesiones se torne decisiva en la correlación de fuerzas y establecimiento de mayorías en los organismos seccionales, otorgándole una peligrosa connotación política a una figura que es en esencia ciudadana.
Rendición de Cuentas: Proponemos algunas modificaciones:
- Precisar lo relativo a los sujetos (públicos y privados) obligados a rendir cuentas.
- Establecer mecanismos complementarios, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a la información sobre la gestión de las autoridades.
- Establecer características y elementos mínimos que debe tener el evento público “Foro de Rendición de Cuentas” y normas para evitar que la autoridad, se cobije en la figura de la Rendición de Cuentas para emitir publicidad oficial o para difundir sus obras y hasta su imagen.
Consideramos que el fomento de la participación y el control social pasa necesariamente por el fortalecimiento de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley. De ahí, que una reforma a la actual normativa, debe contener elementos que permitan que el ciudadano tenga capacidad real para incidir en la toma de decisiones, llevar adelante procesos adecuados de vigilancia cívica a la gestión estatal.