Este miércoles 24 de noviembre, nuestra consultora Rocío Rosero, socializó en la ciudad de Cuenca su estudio denominado “Pacto fiscal por el derecho humano de niñas y mujeres para un vida sin violencias”, coincidiendo con la fecha previa a la recordación del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”.
Nuestra directora ejecutiva, Ruth Hidalgo, presentó una breve radiografía de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en el Ecuador y dijo que seis de cada diez mujeres sufre algún tipo de violencia. “Esta es una realidad lacerante, lo que debe motivarnos a cambiar ese chip de violencia sostenida y pensar que esto no solo pasa por políticas públicas, también pasa por la familia y la sociedad”.
Comentó que Participación Ciudadana, creó un Consejo Consultivo de Género, conformado por expertos, abogados y sociedad civil, para juntos pensar al país en clave de derechos humanos y con el objetivo de trabajar por los derechos de las niñas y mujeres; y también para luchar contra la violencia de género, porque “son temas que se deben trabajar, analizar y hablar de forma permanente”.
Aplaudió el contenido y los resultados del estudio de la consultora Rocío Rosero quien plantea la necesidad de un Pacto Fiscal por que la violencia no es solo la violación de derechos humanos. “Tiene costos que impactan en las empresas, comunidades, familias y personas”.
Rosero dio cifras alarmantes en su exposición: La violencia de género cuesta al Estado ecuatoriano $ 4.608 millones; y el 50% de esos costos los asumen las mujeres microemprendedoras. Además, por casa 100 dólares invertidos para la prevención y erradicación de las violencias contra las niñas y mujeres, solo 1,73 dólares se invierten en prevención.
“En abril del 2019 el gobierno eliminó la inversión en prevención del embarazo infantil y adolescente; eliminó eel financiamiento para inversión de la Ley de violencia. La inversión pública en violencia y prevención nunca estuvo incluido en el gasto corriente del Presupuesto del Estado”, detalló la consultora.
Además agregó que la violencia de género es parte de las violencias estructurales y la Pandemia se agudizaron en conjunto. “El ingreso de mujeres a las casas de acogida por maltrato, abuso y abandono aumentó significativamente en Pandemia; recrudecieron todas las formas de violencia contra las niñas y mujeres, naturalización de la violación y delitos sexuales en los ámbitos más próximos que se supone son los más seguros; más adolescentes fueron víctimas e incestos, violación y embarazo”.
“Debemos decir que a partir de las violencias estructurales en Pandemia, hay un retroceso en el ejercicio de los derechos de mujeres y niñas en el Ecuador. Y en el proceso de movilidad humana que sufre América Latina y Ecuador como parte del corredor de migraciones forzadas, hay graves violaciones estructurales ligadas a la trata de personas y otras formas de explotación. La precarización de mujeres venezolanas de cambio de sexo por alimentos y de trabajos forzados por ninguna paga ni salario”, señaló Rocío Rosero.
Por ello dijo, desde la sociedad civil, debemos visibilizar esta problemática y las dimensiones “porque ocultar es desdibujar lo que debemos corregir, por ello no hay otra salida que un Pacto Fiscal para comprometer al Ejecutivo a respetar sus compromisos y contar con los recursos para luchar contra la violencia de género.