La Corporación Participación Ciudadana expresa su preocupación y pesar ante el fallecimiento de la activista social, Mónika Silva.
Es deber del Estado ecuatoriano garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos, con especial atención a los líderes sociales y defensores de derechos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o riesgo debido a su labor.
Pedimos a la Fiscalía General del Estado y a otras instituciones competentes que realicen una investigación inmediata, exhaustiva, independiente y transparente.
Demandamos que se garantice el activismo y el control social, porque la defensa de causas como: la transparencia y lucha en contra de la corrupción deben ser pilares del sistema democrático. El Estado debe asegurar entornos seguros para el ejercicio ciudadano del control social y vigilancia de la gestión pública.
¡Por la democracia siempre!