En respuesta a la creciente preocupación nacional sobre los ecosistemas amazónicos y el avance de la minería ilegal o no regulada, la Corporación Participación Ciudadana (PC) presentó tres investigaciones técnico – científicas que evalúan el impacto socioambiental en tres zonas puntuales de influencia minera de las provincias de Zamora Chinchipe y Francisco de Orellana.
Las investigaciones desarrolladas por las universidades UTPL, ESPOCH, ESPOL, revelan las afectaciones a la vegetación, al agua en zonas determinadas de las dos provincias amazónicas, pero al mismo tiempo plantean propuestas como una ruta turística en El Coca, provincia de Orellana, elaborada por la Espol. El evento de presentación se desarrolló en Quito, este miércoles 8 de julio de 2026 en el Hotel Dann Carlton.
Estas investigaciones fueron financiadas por Participación Ciudadana mediante la creación de un fondo concursable de investigación como un objetivo de la iniciativa “Amazonía Transparente” que impulsa la organización desde hace seis años, con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, para fortalecer la transparencia y la gestión en gobiernos seccionales de las seis provincias amazónicas y sus cantones, además de la sociedad civil.
El propósito de este fondo es generar evidencia técnica y, articular proyectos con la academia para documentar la afectación de la minería ilegal en la amazonía y crear conciencia sobre la importancia de fomentar el cuidado ambiental. Al mismo tiempo buscar proponer soluciones viables y un equilibrio entre una explotación responsable de recursos que respete las leyes y beneficie a habitantes de esta región del país.
Nuestra directora, Ruth Hidalgo, en sus discurso señaló que “PC con estos estudios aporta con información y datos específicos sobre la afectación de la minería ilegal en tres zonas específicas de la amazonía, además impulsamos propuestas de mitigación de esos daños con iniciativas que fomenten la transparencia y la participación ciudadana, a través de proyectos turístico y otros que promuvan el desarrollo local y regional”.
Además sostuvo que para Participación Ciudadana, impulsar estos estudios constituye ha sido un hito trascendente en las zonas de influencia minera de la amazonía, zona que ha adolecido de información, de una débil presencia institucional del Estado. “Planeamos teder puentes para encontrar soluciones y aportar al desarrollo del país. Por eso, decidimos articular esfuerzos con la academia, porque estamos convencidos de que para combatir problemáticas complejas, necesitamos herramientas sólidas, científicas y ser propositivos con soluciones viables”.
Los hallazgos generales de las investigaciones universitarias evidencian una afectación a la naturaleza, degradación de las riberas de los ríos, altos índices de contaminación acústica y atmosférica en centros poblados, y una marcada división social provocada por la economía ilegal extractiva.
Aquí un resumen de cada uno de los tres proyectos de investigación de las universidades:
1. Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL)
Título del proyecto: “Evaluación de la calidad socioambiental en áreas de conservación afectadas por minería ilegal en el cantón Yantzaza”
El equipo multidisciplinario de la UTPL concentró su radio de acción en cuatro comunidades rurales del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe: Piedra Liza, San José, La Yona y San Vicente de Caney.
El objetivo planteado fue determinar los impactos socioambientales generados por la minería irregular en las riberas del río Zamora, mediante la integración simbiótica de monitoreos analíticos de laboratorio con metodologías de diagnóstico social participativo y cartografía comunitaria de riesgos.
La metodología de investigación se estructuró en tres componentes. En el componente social, se aplicaron 66 encuestas y talleres de mapeo histórico y espacial para capturar la percepción ciudadana respecto a riesgos de desastre y actuación gubernamental.
En el componente técnico, se recolectaron muestras de agua domiciliaria bajo estrictas cadenas de frío y se enviaron a los laboratorios acreditados de la UTPL. Asimismo, se instalaron captadores pasivos de material particulado sedimentable (MPS) diseñados bajo la metodología del Método 502 de la EPA de Estados Unidos, y se tomaron lecturas continuas con sonómetros Delta Ohm para evaluar la presión sonora y contaminación acústica difusa.
Los resultados ambientales obtenidos resultaron alarmantes y contrastaron plenamente con las percepciones de desamparo institucional expresadas por el 82% de los encuestados en Piedra Liza y el 90% en La Yona.
En el componente atmosférico, el monitoreo determinó que los barrios de Piedra Liza y San José (los más cercanos a los enclaves mineros) exceden ampliamente la recomendación orientativa de salud de la OMS e íntimamente ligado a la re-suspensión de polvo provocada por el tránsito vehicular pesado de volquetas y maquinaria minera extractiva. En el aspecto acústico, cinco de doce puntos evaluados superaron la barrera de los 65 dBA, registrándose un nivel ensordecedor de 73.4 dBA en Piedra Liza debido al flujo continuo de carga pesada minera.
El análisis biológico e hidrológico confirmó un avanzado deterioro ecosistémico. Mediante teledetección espectral satelital con el índice NDVI, se cuantificó una pérdida neta y severa de 163.52 hectáreas de cobertura vegetal natural (21.35% del área total bajo estudio) en el eje Piedra Liza-San José entre los años 2020 y 2025.
Además, el análisis de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores determinó, a través de los índices BMWP y EPT, que la calidad de las aguas hídricas en las quebradas circundantes fluctúa en categorías que van desde “Mala” hasta “Regular”. El Sitio 1 arrojó un preocupante valor del 0% de abundancia de taxones sensibles y un puntaje BMWP de 3, lo que demuestra una dominancia absoluta de familias hiper-tolerantes a la contaminación hídrica extrema (Chironomidae y Oligochaeta) debido al dragado de sedimentos y la remoción aurífera sin control técnico.
Finalmente, los análisis microbiológicos en grifos residenciales evidenciaron la presencia de coliformes fecales en el 100% de las muestras y niveles nulos de cloro residual libre, alertando sobre graves deficiencias estructurales en los sistemas de desinfección y potabilización del agua de consumo público masivo.
Como hito final y de resiliencia, la UTPL transfirió un Plan de Mitigación y Prevención Ambiental a 38 líderes comunitarios y autoridades municipales para guiar el control de material particulado y la protección de zonas ribereñas.
2. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH)
Título del proyecto: “Aplicación de teledetección e índices espectrales para la propuesta de mitigación ambiental en áreas mineras ilegales de Paquisha, Zamora Chinchipe”
El cantón Paquisha, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe y colindante con la ecológicamente megadiversa Cordillera del Cóndor, enfrenta un escenario crítico debido a que aproximadamente el 90% (y hasta el 99.9% según registros mineros específicos) de su territorio se encuentra concesionado o intervenido por actividades mineras, con una explosión acelerada de minería aurífera ilegal.
La investigación tuvo como objetivo general formular un plan de mitigación técnica basado en la estructuración de un sistema de monitoreo satelital multitemporal integral durante el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025.
La metodología implementada por el equipo de la ESPOCH se cimentó en el procesamiento digital y corrección radiométrica y atmosférica de imágenes satelitales Sentinel-2 de la misión espacial Copernicus. Mediante álgebra de mapas, se calcularon de forma sistemática cinco índices espectrales clave: el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), el Índice de Agua de Diferencia Normalizada (NDWI), el Índice de Suelo Desnudo (CBI), el Índice de Áreas Mineras (BRBA) y el Índice de Áreas Expuestas (BAEI). Esta información geoespacial fue rigurosamente validada e integrada en el territorio mediante un exhaustivo trabajo de campo y de articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de (GAD) de Paquisha, en Zamora Chinchipe.
Los resultados técnicos demostraron que, si bien el cantón preserva importantes remanentes de bosque natural, existe una tendencia clara y progresiva de degradación ambiental localizada. Se identificó una remoción severa de la cobertura forestal y una disminución dramática del vigor vegetal a partir de 2023. También se mapeó con precisión las alteraciones en el comportamiento dinámico del agua superficial, detectando un alarmante incremento de lagunas artificiales y piscinas de sedimentación o relaves mineros nocivos. Territorialmente, el estudio concluyó que la parroquia Nuevo Quito exhibe los niveles más extremos de vulneración ecológica.
El proyecto también cartografió la dimensión social del extractivismo, detectando que las comunidades enfrentan conflictos socioambientales de asimetría de poder, divisiones comunitarias internas, precarización laboral extrema e incluso dinámicas transfronterizas complejas que vulneran el Refugio de Vida Silvestre “El Zarza 2” y el Bosque Protector “El Cóndor”.
Como principal hito del proyecto, se entregó un Mapa de Riesgo Ambiental y una matriz priorizada de intervención comunitaria que sitúa a Chinapintza, La Herradura, La Pangui y Puerto Minero como los puntos de máxima urgencia para la restauración ecológica con especies nativas y el control hídrico.
3. Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
Título del proyecto: “Participación ciudadana para la gestión territorial sostenible de zonas amazónicas con incidencia de la minería”
Centro de Investigación: CIPAT-ESPOL.
El proyectoejecutado por la ESPOL, enfocó sus esfuerzos en la ciudad de Francisco de Orellana, provincia del mismo nombre y su zona de confluencia fluvial estratégica integrada por los ríos Napo, Coca y Payamino.
El objetivo general de la investigación fue desarrollar y robustecer las capacidades comunitarias de resiliencia y proponer un corredor ecoturístico alternativo y sostenible frente a la severa degradación provocada por los enclaves de minería ilegal en el río Punino y sus microcuencas aledañas.
La metodología de la ESPOL combinó herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con el Análisis Multicriterio Jerárquico (AHP) y el método Delphi de consulta a expertos multidisciplinares en biología, hidrología y ordenamiento territorial. Inicialmente, se estableció una línea base geoespacial multitemporal que evaluó el periodo histórico entre 2019 y 2023, determinando mediante imágenes satelitales que la minería provocó un incremento neto de 704 hectáreas de deforestación descontrolada en la zona, con afectaciones geográficas agudas concentradas en el río Punino (217 ha) y el río Payamino (784 ha contabilizadas acumuladas en áreas de confluencia hídrica).
A partir de este diagnóstico destructivo, el modelo AHP incorporó variables físico-naturales (zonas de inundación, pendientes y altitud), variables ecológicas (concentración espacial de biodiversidad de la Reserva de Biosfera Yasuní de la UNESCO), variables socioculturales y de gobernanza (distancia a centros poblados y escudo legal) y variables turístico-culturales. Tras la estandarización y normalización matricial por pares, el álgebra de mapas generó el primer Mapa de Aptitud Ecoturística del cantón, delimitando con precisión tres macro-rutas ecoturísticas viables con una zona de amortiguamiento e influencia científica de 5 kilómetros.
El hito pedagógico y comunitario más destacado de la ESPOL consistió en la transferencia del conocimiento a la sociedad civil. Se ejecutaron talleres de capacitación ambiental activa utilizando metodologías lúdicas avanzadas de Game-Based Learning (aprendizaje basado en el juego).
El equipo diseñó y validó herramientas didácticas especializadas como el juego de rol y discusión “Detectives del Territorio”, el juego de mesa interactivo corporativo “Ecomonopoly” (versión El Coca), y dinámicas de refuerzo cognitivo tituladas “Salvemos la Selva” e “¡iContaminado!”.
Las dinámicas lúdicas permiten que estudiantes de educación secundaria de entre 14 y 16 años, junto con líderes barriales y técnicos del GAD de Orellana y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, comprender los impactos biológicos de la sedimentación excesiva, la contaminación hídrica difusa por metales pesados y la viabilidad técnica del ecoturismo y geoturismo como motores de desarrollo económico regional.